Con la salida de Carlos Velázquez Tiscareño como director del Aeropuerto de la Ciudad de México, esa terminal no eliminó sus prácticas fraudulentas y la corrupción. Por el contrario, se están incrementando, ya que los nuevos directivos únicamente acatan órdenes para acabar con el negocio de los permisionarios de taxis y quedarse con éste para las autoridades de la Marina.
Permisionarios del servicio de taxis de la terminal aérea capitalina denuncian que Velázquez Tiscareño dejó a sus principales operadores, Francisco José Martínez Burriel, como director de Administración, quien toma muchas decisiones en el aeropuerto y a José Luis Martínez Colina, director de Asuntos Jurídicos, quien ahora “ordena y mueve a su antojo” a Pamela Pérez Sánchez, quien todo indica será la sucesora.
De igual manera, se quedó Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y Supervisión de Transportación Terrestre, quien dejará su legado eventualmente a Rebeca Cruz Martínez, Gustavo Arce Landa y Sonia López Gallegos, quienes siguen con “todas las atrocidades” del Aeropuerto, en especial la evidente discriminación a las permisionarias del servicio de taxis.
Ante esta situación, consideran, en el Aeropuerto de la Ciudad de México se respira un ambiente incierto con todos los permisionarios del servicio de taxi, ya que después de pedirle al presidente Andrés López Obrador en diversas ocasiones su intervención y el consecuente desdén del mandatario, “el exdirector Tiscareño nos deja un legado de atropellos y desigualdad que convierte al aeropuerto hoy en tierra de nadie”.
Los permisionarios denuncian que las autoridades continúan con su intención de imponer a la empresa SPASA, la cual obtuvo contratos de puntos de venta de manera ilegal, es decir sin ser aprobados por el Comité Comercial (COCOSA), máxima autoridad en el AICM, dejando de lado la opción de competir a otras empresas morales, sobre todo las lideradas por mujeres.
Denuncian que estas autoridades violan la constitución e inventan reglamentos que no existen, al tiempo que despojan de puntos de venta a las empresas sólo porque las cajeras no tienen una identificación que ellos se niegan a entregar.
Han denunciado específicamente el caso de la empresa Sitio 300, a cuyos permisionarios los han dividido argumentándoles una supuesta deuda con una cuenta impagable.
José Luis Martínez Colina y Mario Sánchez Becerra han calculado 60 millones de pesos con un 75% de intereses, a toda costa ilegales, al tiempo que han aprovechado toda esta situación para adjudicar diversos puntos de venta para SPASA, sin ninguna regulación.
“Esta pandilla”, consideran los permisionarios, viola todas las normatividades vigentes, en especial la Ley Federal de Competencia Económica, todo con tal de dejar sus negocios bien afianzados en el AICM.
Finalmente, los permisionarios hacen un llamado público al nuevo director del aeropuerto José Ramon Rivera Parga, para que se deslinde de la antigua administración y no permita que se continúe con estas prácticas, detenga la violación a la ley, así como las acciones para impedir la prestación del servicio.
“Queremos un estado de derecho que en verdad se respete y que se revisen todas las denuncias que se levantaron ante el Órgano Interno de Control, las cuales jamás en una administración habían sido tan numerosas, al pasar a registrar un aumento del 700% en comparación con administraciones anteriores”, concluyen.
