El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicado desde 2014 a bebidas azucaradas y alimentos procesados, ha generado ingresos históricos para las arcas del gobierno. La recaudación creció más de 40% en términos reales en poco más de una década. Sin embargo, el costo social y económico ha sido altísimo: los problemas de salud pública no mejoraron y, de aprobarse un nuevo incremento en 2026, miles de pequeños negocios podrían desaparecer en Yucatán y el resto del país.
La paradoja es clara. Mientras la Secretaría de Hacienda presume de un aumento constante en los ingresos por el IEPS, la prevalencia de enfermedades como la diabetes y la obesidad continúa en ascenso. Entre 2012 y 2023, la diabetes pasó de 9.2% a 12.6% de la población, y la obesidad en adultos creció de 32% a 37.1%.
Recaudación récord, salud estancada
El argumento original del IEPS era reducir el consumo de productos dañinos para la salud. Sin embargo, especialistas señalan que el gravamen ha funcionado más como un instrumento de recaudación que como una política efectiva de prevención.
“Lo que vemos es un impuesto que llena las arcas del gobierno, pero no cumple su objetivo sanitario. La gente sigue consumiendo refrescos y botanas porque no hay una política integral de educación alimentaria ni acceso a opciones más saludables”, explicó la economista en salud pública, Laura Herrera.
De hecho, las comunidades con menos ingresos son las más afectadas. El impuesto se traduce en un gasto mayor para las familias pobres, que destinan una parte significativa de su presupuesto a estos productos.
El impacto en las tienditas de Yucatán
En Yucatán, donde existen alrededor de 24 mil tienditas, el nuevo aumento al IEPS sería devastador. Estos pequeños comercios dependen en gran medida de la venta de refrescos, jugos y botanas. Si el precio sube, el consumidor opta por comprar menos o acudir a las grandes cadenas que sí pueden ofrecer descuentos y promociones.
“Nosotros no podemos competir. Una familia como la mía vive de lo que se vende día a día en la tienda. Si suben los precios y los clientes se van a los supermercados, simplemente no sobrevivimos”, lamentó don Jorge, tendero del centro de Mérida.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), un aumento de un peso por litro en bebidas azucaradas podría derivar en una contracción de 5.6% en la producción nacional, lo que implicaría la pérdida de más de 8 mil empleos directos y hasta 100 mil indirectos en todo el país.
La trampa del IEPS: un impuesto regresivo
El IEPS también ha sido cuestionado por ser un impuesto regresivo. Impacta más a los hogares de bajos ingresos, quienes destinan mayor proporción de su gasto en productos gravados. Según estudios, un incremento de esta magnitud podría empujar a 84 mil mexicanos a la pobreza y a 32 mil más a la pobreza extrema.
“Se está castigando a los que menos tienen bajo la premisa de mejorar la salud, cuando en realidad solo se agrava su condición económica”, afirmó Armando Rivas, especialista en economía social.
Una amenaza para la economía local
Más allá de las cifras nacionales, en Yucatán el impacto sería profundo. La economía del estado depende en gran medida de los pequeños comercios familiares. El cierre masivo de tienditas no solo significaría la pérdida de ingresos para miles de familias, sino también un golpe a la vida comunitaria.
“Las tienditas son parte de nuestra cultura, de la dinámica de los barrios. Su desaparición sería un golpe al tejido social y a la identidad de nuestras comunidades”, opinó la socióloga local Patricia Medina.
El dilema hacia 2026
La discusión sobre el aumento del IEPS en 2026 plantea un dilema que trasciende lo fiscal. Mientras el gobierno busca mayores ingresos, las familias mexicanas enfrentan la posibilidad de mayores gastos, más pobreza y menos oportunidades de empleo.
En Yucatán, donde la economía familiar descansa en miles de pequeños comercios, el escenario es claro: el impuesto recauda más, pero no soluciona los problemas de salud, y en el camino podría llevarse consigo el sustento de miles de familias.
, aplicado desde 2014 a bebidas azucaradas y alimentos procesados, ha generado ingresos históricos para las arcas del gobierno. La recaudación creció más de 40% en términos reales en poco más de una década. Sin embargo, el costo social y económico ha sido altísimo: los problemas de salud pública no mejoraron y, de aprobarse un nuevo incremento en 2026, miles de pequeños negocios podrían desaparecer en Yucatán y el resto del país.){kind=link}